La reciente tragedia causada por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en la Comunidad Valenciana ha dejado al descubierto una serie de irregularidades y fallos en la gestión de la emergencia, que han sido denunciados públicamente por las familias de las víctimas.
En una intervención cargada de emoción en el programa Horizonte, conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter, varias familias afectadas compartieron sus experiencias, exponiendo detalles inquietantes que han suscitado un intenso debate sobre la actuación de las autoridades durante y después de la catástrofe.
Uno de los puntos más alarmantes revelados por las familias es la existencia de errores y posibles manipulaciones en los certificados de defunción.
Según los testimonios presentados, hasta el 70% de las 50 familias reunidas han detectado irregularidades en las fechas de fallecimiento de sus seres queridos.
Este dato ha generado sospechas sobre un posible intento de ocultar el número real de víctimas, lo que ha aumentado la desconfianza hacia las autoridades responsables.
Además, se ha informado de casos en los que las causas de muerte habrían sido falsificadas, atribuyendo los decesos a infartos o accidentes de tráfico, cuando en realidad fueron consecuencia directa de las riadas.
Estas revelaciones han intensificado el dolor de las familias, quienes se sienten doblemente agraviadas por la tragedia y por la falta de transparencia en el manejo de la información oficial.
La gestión de las desapariciones también ha sido duramente criticada por los afectados.
Una familia relató cómo tuvo que presentar hasta tres denuncias diferentes debido a la falta de coordinación entre las distintas jurisdicciones policiales.
Este desorden administrativo no solo ha complicado el proceso de búsqueda de personas desaparecidas, sino que también ha incrementado la angustia y el sufrimiento de los allegados.
Las familias consideran que esta desorganización evidencia una falta de preparación por parte de las autoridades para gestionar crisis de esta magnitud, algo que debería haberse prevenido con protocolos claros y efectivos.
Otro aspecto que ha indignado a las familias es la tardanza en la emisión de alertas preventivas a la población.
Según los testimonios, las primeras alertas oficiales se emitieron a las 8:30 de la mañana, cuando para entonces ya era demasiado tarde para muchas personas.
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Este retraso ha sido calificado como inaceptable, especialmente cuando se conocen casos como el de una concejal que, aparentemente, tuvo acceso a información privilegiada y pudo recoger a su hijo a las 5 de la tarde, horas antes de que se emitieran las alertas para la población general.
Este hecho ha generado un sentimiento de desigualdad e impotencia entre los afectados, quienes exigen explicaciones sobre por qué no se tomaron medidas preventivas de manera más oportuna y equitativa.
La situación en las zonas afectadas sigue siendo crítica semanas después de la tragedia.
En varios puntos, se han improvisado vertederos donde se acumulan los vehículos dañados por la inundación, generando graves problemas de contaminación y riesgos para la salud pública.
Se han reportado incendios recurrentes en estos vertederos, mientras que sustancias tóxicas como gasolina y aceites se filtran al suelo, agravando aún más la crisis medioambiental en la región.
Aunque se han comenzado a retirar algunos vehículos, el flujo constante de nuevos restos perpetúa el problema, dejando a los vecinos en una situación insostenible.
En respuesta a esta situación, las familias afectadas han iniciado una campaña de recogida de firmas en la plataforma change.
org para exigir una investigación exhaustiva sobre lo sucedido.
Hasta la fecha, han conseguido más de 118,000 firmas, pero se enfrentan a nuevos obstáculos burocráticos.
Según se les ha informado, la comisión de investigación no podrá comenzar sus trabajos hasta febrero, ya que diciembre y enero son considerados meses inhábiles para la administración.
Otra de las denuncias recurrentes se centra en las dificultades que enfrentaron los voluntarios para acceder a las zonas afectadas.
Las familias aseguran que se pusieron numerosos obstáculos para la entrada de voluntarios, bajo pretextos como el riesgo de derrumbes.
Sin embargo, argumentan que si realmente existiera tal riesgo, lo lógico sería desalojar y limpiar las zonas afectadas, en lugar de impedir la ayuda.
Esta falta de apoyo a los voluntarios ha retrasado los esfuerzos de recuperación y ha aumentado el sentimiento de abandono entre los damnificados.
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A estas críticas se suma la preocupación por la creciente inseguridad en las zonas afectadas.
Se han reportado casos de delincuencia y ocupaciones ilegales por parte de personas ajenas a los barrios, que han aprovechado la vulnerabilidad de los vecinos para cometer actos delictivos.
Esta situación ha añadido una nueva capa de angustia a las familias, quienes ya están lidiando con las consecuencias emocionales y económicas de la tragedia.
Además de exigir explicaciones sobre la gestión de la emergencia, las familias han puesto el foco en las infraestructuras críticas, como las presas, cuyo manejo durante la catástrofe ha sido cuestionado.
Según los afectados, no se proporcionó información oportuna a la población sobre el estado de estas infraestructuras, lo que pudo haber contribuido al alto número de víctimas.
También reclaman mayor transparencia sobre las decisiones tomadas en las horas críticas de la emergencia, incluyendo por qué no se activaron antes los protocolos de evacuación.
Pese a las adversidades, las familias han decidido organizarse y alzar la voz para exigir justicia.
En sus declaraciones, han dejado claro que su lucha es completamente apolítica, centrada únicamente en esclarecer los hechos y evitar que tragedias similares se repitan en el futuro.
Contando con el apoyo de figuras mediáticas como Iker Jiménez, este movimiento ciudadano busca presionar a las autoridades para que asuman su responsabilidad y tomen medidas concretas para atender las demandas de los afectados.
La tragedia de la DANA en la Comunidad Valenciana no solo ha dejado una devastadora pérdida de vidas y bienes materiales, sino que también ha puesto en evidencia graves fallos en la gestión de emergencias y una preocupante falta de transparencia por parte de las instituciones.
Las familias afectadas continúan su lucha incansable por la verdad y la justicia, enfrentándose a un sistema que, según ellas, parece más interesado en proteger su imagen política que en atender las necesidades reales de los damnificados.
Con su determinación, estas familias esperan no solo obtener respuestas y soluciones inmediatas, sino también sentar un precedente que garantice una mejor preparación y respuesta ante futuras emergencias climáticas.
